El Poder Judicial CABA y el modelo institucional
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires hizo algo que ningún colegio profesional ha hecho todavía: construyó un modelo completo de gobernanza de inteligencia artificial en menos de un año. No como respuesta a una crisis — sino como diseño deliberado.
Qué hizo el Comité en menos de un año
En mayo de 2025, la Resolución CM 95/2025 creó el Comité de Estandarización de IA del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. No fue un comité consultivo ni una comisión de estudio. Fue un cuerpo técnico independiente con mandato específico: desarrollar los estándares de gobernanza algorítmica para el Poder Judicial local.
En diciembre de 2025, la Resolución CM 255/2025 aprobó el manual de buenas prácticas para el uso de IA en el ámbito judicial. El manual establece criterios de uso aceptable, obligaciones de supervisión humana y parámetros de trazabilidad para los sistemas que asisten en la redacción de resoluciones, en el análisis de jurisprudencia y en la gestión de causas.
En mayo de 2026, la Resolución Presidencia 392/2026 fue más lejos: declaró la formación en gobernanza de IA como obligación institucional para magistrados y funcionarios. No una recomendación. No un curso optativo. Una obligación.
Por qué importa más allá del Poder Judicial
El modelo de la Magistratura CABA es relevante para cualquier organización regulada por tres razones que van más allá de su contexto específico.
Primero: demuestra que la gobernanza de IA puede implementarse sin esperar a que exista una ley específica. El Consejo actuó con el marco normativo disponible — su propia competencia de organización interna — y construyó estándares propios. La ausencia de regulación específica no fue un obstáculo. Fue la condición que hizo necesario actuar.
Segundo: el modelo es escalable. No requiere recursos extraordinarios ni capacidades técnicas que estén fuera del alcance de una organización mediana. Requiere decisión institucional, un cuerpo técnico con autoridad real y la voluntad de documentar lo que se hace.
Tercero: sienta doctrina. La Resolución 392/2026 es el primer acto administrativo en Argentina que declara la gobernanza algorítmica como obligación institucional — no como aspiración, no como recomendación, sino como requisito. Ese lenguaje va a aparecer en otras jurisdicciones y en otros sectores.
El problema del vacío institucional
Los colegios profesionales — CPCE, CPCECABA, Colegios de Abogados, asociaciones de compliance — son las instituciones más directamente responsables de establecer estándares de uso de IA para sus matriculados. Son quienes emiten las habilitaciones, quienes administran los procesos disciplinarios, quienes tienen la autoridad institucional para decirle a un contador o a un abogado cómo debe comportarse cuando usa IA en su práctica.
Ninguno lo ha hecho todavía con el nivel de sistematicidad que mostró el Consejo de la Magistratura de CABA.
Mientras ese vacío persiste, los profesionales operan en un espacio donde las obligaciones existen — derivadas de los marcos normativos vigentes — pero los estándares de cumplimiento no están definidos. Eso no los protege. Los expone, porque cuando ocurre un incidente, el estándar se define ex post — y generalmente de manera más exigente de lo que el profesional habría anticipado.
Cómo debería verse ese modelo en el sector profesional privado
El modelo de la Magistratura CABA tiene tres componentes que pueden y deben replicarse en el sector profesional privado regulado:
Cuerpo técnico independiente: una comisión permanente con mandato específico de gobernanza de IA, con capacidad de emitir guías vinculantes para los matriculados. No ad hoc, no consultiva — con autoridad real.
El colegio profesional como canal: las normas de gobernanza no deberían llegar a los profesionales como regulación directa del Estado — deberían llegar como estándares del propio colegio, que los matriculados reconocen como legítimos porque emergen de su propia organización.
Formación como mecanismo de adopción: la capacitación obligatoria no es solo una medida de compliance. Es el mecanismo que convierte un documento de buenas prácticas en una práctica real. Sin formación, los estándares quedan en el papel.
Por qué no la regulación directa
El camino más obvio para regular el uso de IA en profesiones reguladas sería una ley que establezca obligaciones específicas. Pero ese camino tiene dos problemas.
El primero es la velocidad: el ciclo legislativo es incompatible con el ritmo de cambio tecnológico. Una ley que se sancione hoy estará desactualizada en el momento en que entre en vigor.
El segundo es la especificidad: las obligaciones de gobernanza de IA son profundamente dependientes del contexto. Lo que se exige a un sistema que apoya decisiones judiciales es distinto de lo que se exige a un sistema que analiza comparables de Transfer Pricing. Una ley general no puede capturar esa especificidad — pero un cuerpo técnico sectorial sí.
El modelo que construyó la Magistratura CABA es el modelo correcto. La pregunta es cuándo los colegios profesionales van a decidir construirlo.